NOTA
Redacción ANCOP
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) hace hincapié en su profunda preocupación ante la crisis forense a la que se enfrenta México. ¿A qué se refiere exactamente?
En un amplio reportaje de Animal Político, se detalla que, para analizar los restos humanos de los más de 52 mil fallecidos sin identificar en nuestro país, sin contar los que se suceden día con día, serían necesarios 120 años o más, debido a que los servicios forenses son insuficientes, no hay una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas y varios instrumentos previstos en la ley no han sido creados desde hace más de cuatro años.
De acuerdo con el CED, los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran 71.7% de los cuerpos no identificados, refiere el trabajo periodístico.
“La cifra oficial de 52 mil personas es un piso mínimo reconocido por el Estado. Estimamos que existen muchas más”, advertía desde agosto de 2021 el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, en el documento “La crisis forense en México: más de 52 mil personas fallecidas sin identificar”, referencia que retoma el CED en su informe.
La búsqueda de cuerpos, y su localización por parte de familiares y agrupaciones civiles, enfrenta el reto del siguiente paso, cuando los encuentren: qué hacen con los cadáveres, a dónde los llevan, quién procesa la información, y por supuesto, qué sucede con todos los hallazgos y pruebas obtenidas por medios científicos.
Por ello es que se considera de vital importancia contar con un Banco Nacional de Datos Forenses, cuya operación requeriría, además, de una coordinación clara entre fiscalías locales, así como entre éstas, la Fiscalía General de la República (FGR) y los órganos autónomos de búsqueda.
La falta de un Banco Nacional de Datos Forenses impide contar con una estadística actualizada de los cadáveres que yacen en fosas comunes, instalaciones de servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense. Para lograr este instrumento se cuenta con marco en la Ley General, aunque en poco más de cuatro años de haberse aprobado, ese mecanismo dispuesto por ley no ha sido creado. Ahora se ha enviado a la Cámara de Diputados una nueva iniciativa presidencial para crear un Centro Nacional de Identificación Humana.
Ante una crisis que requiere 120 años para poder al menos tener identificaciones, entrevistada por Animal Político, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana señala ante las conclusiones del CED, que es indispensable privilegiar el enfoque masivo, una nueva metodología y la creación de cuadros nacionales. Agrega: “Tenemos que pensar como Estado en crear capacidades nacionales para el enfoque masivo. Además, mucho se resolvería con solo compartir información entre las diferentes instituciones y entidades; un tema fundamental es compartir información, y la información en este momento está fragmentada”.
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