Financiamiento y Fiscalización de las Campañas Políticas

Columna 

Antonio Gamboa Chabbán

El financiamiento de las campañas políticas debe ajustarse a la nueva realidad que vivimos en el país. Me explico: si bien es cierto la materia electoral tiene reglas claras en materia de financiamiento público de los partidos políticos, en específico tratándose de campañas políticas, el estilo actual de hacer una campaña política no tiene conexión con la ciudadanía.

La ciudadanía en México tiene diversos enfoques de lo que es hacer política y ha sido evidente que ha ido perdiendo el interés en lo que hacen los partidos políticos y quienes se dedican a la política, porque anteponen sus intereses personales y lo justifican en el beneficio de los demás, no importa cuándo se lea este párrafo, este fenómeno se ha repetido y se seguirá repitiendo en innumerables ocasiones, en todos los niveles del quehacer público.

Hacer una campaña política como se hacía hace 40 años, con cientos o miles de personas que son transportadas a eventos multitudinarios, casi faraónicos, al estilo del Partido Revolucionario Institucional en aquellos años setenta, ochenta, noventa, la realidad es que ni entonces ni ahora, tiene razón de ser ni se justifica en un país con carencias en materia de salud, de educación, de seguridad, con problemas económicos, entre otras muchas deficiencias.

La publicidad en anuncios espectaculares como la que se acostumbra ver durante las campañas políticas, representa millones de pesos de gasto mensual que la población no se merece con carencias importantes en su cotidianeidad, con una agravante adicional, que ahora en el 2023, quienes pretenden hacer política, en una etapa inexistente en el marco constitucional y legal, se han promovido ante la población e insultan la inteligencia de millones de personas negando la contratación de publicidad, argumentando que son sus seguidores los que pagan, como si fueran “Rock Stars” irresistibles, carismáticos y perfectos, olvidando que en cualquier sentido, el hecho de aparecer esa publicidad a la vista de millones de personas en carreteras, autopistas, comunidades, pueblos, ciudades, colonias, les genera un beneficio, de frente al proceso electoral que está por arrancar, dado que su imagen tiene una proyección ante miles o millones de ciudadanas y ciudadanos y que en todo caso, será la autoridad electoral, la que determine en estricto apego a la Constitución y a la Ley, en torno al origen del dinero con que se pagaron las millonarias campañas que por distintos medios se han venido realizando, con anuncios espectaculares, pinta de bardas, lonas en casas, publicidad en autobuses, microperforados para vehículos, calcomanías, realización de eventos con todo lo que se renta para tal efecto, auditorios, sonido, iluminación, templetes, lonas, sillas, hidratación para los asistentes, banderas, botargas, grupos musicales, presentadores, en fin, todo lo que como ciudadanía hemos visto y constatado, más no pagado directamente.

Este derroche no conecta con la ciudadanía, a nadie nos gusta que los recursos públicos se desvíen para atender caprichos personales y si no fueran recursos públicos, no genera respeto saber que sean fuentes ilegales de financiamiento las que se estén haciendo cargo de toda esa publicidad, porque dice el dicho y dice bien, “el que paga, manda” y si esto lo ha pagado un ente que se encuentre en la ilegalidad, será desde la ilegalidad donde se generen las órdenes a quien resulte ganador o ganadora de esta etapa, en la realidad coordinará y atenderá las órdenes de quien o quienes hayan pagado todo el derroche de publicidad y logística que sin ningún recato se ha realizado los últimos meses.

Esto nos demuestra, que la forma de hacer campañas de los partidos políticos, aspirantes, candidatas y candidatos ya se encuentra superada por la realidad, una realidad que requiere mecanismos transparentes que demuestren por sí solos el origen y destino del dinero, por lo cual, el financiamiento público de los partidos políticos tanto para gasto ordinario como para gastos de campaña, debe revisarse y evaluar si es el dinero público el que debe mantener esas estructuras partidistas que no hacen coincidir el interés de las personas a partir de sus necesidades con los intereses personales de dirigentes y gobernantes. Los partidos políticos deben coordinar la atención de las necesidades de las personas, están para servir a la sociedad, no para servirse de ella.

Los invito para el próximo jueves 31 de agosto, en punto de las 18:00 horas, para que me acompañen en una conferencia en materia de Financiamiento y Fiscalización de las Campañas Políticas, que daré en el Instituto de Política y Gobernanza (www.institutodepoliticaygobernanza.mx).

A quien esté interesado en seguirme en la transmisión vía zoom, estaré en condiciones de enviarle una liga para que, sin costo alguno, se conecte e inclusive si así lo deciden, intercambien sus comentarios que, para mí, tendrán una gran valía.