Por Ricardo Burgos Orozco
Dice mi mamá que no hay mejor medición de la economía que en los bolsillos de cada uno de nosotros. La mayoría de los mexicanos no sabemos mucho de fenómenos inflacionarios; solo entendemos que cada vez que compramos la despensa alcanza menos, que bienes y servicios son más caros, que es un lujo comer en la calle, que el transporte público es deficiente y caro y que para millones de personas, el salario sirve únicamente para pagar deudas e ir sobreviviendo.
No sé ustedes, pero tengo la impresión que el gobierno no está haciendo gran cosa por detener la escalada inflacionaria y de incremento constante de precios. El presidente dedica mucho mayor tiempo en sus conferencias diarias a temas políticos, a confrontarse con los que llama sus adversarios o con su némesis, Felipe Calderón, que a la economía nacional. Su gabinete económico, por supuesto, sigue la línea de su jefe y difícilmente informan por su cuenta.
Hasta ahora, la decisión del gobierno más mediática ha sido mantener la política de subsidios a los combustibles, no cobrando el impuesto especial a productos y servicios.
El año pasado se puso en marcha el Paquete contra la Inflación y la Carestía que no funcionó como lo habían proyectado porque, pese a esa estrategia, los precios de los productos básicos continuaron.
La inflación en México cerró en diciembre de 2022 en 7.82 por ciento, la cifra más alta desde el año 2000, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor y el paquete contra la carestía no ha sido fructífero, ya que la canasta básica aumentó 15 por ciento en promedio el año pasado. Las amas de casa saben que cada vez les alcanza menos con el gasto.
Analistas financieros opinan que no basta solo con contener los precios de los artículos básicos; se debe fomentar la producción interna, impulsar primordialmente al sector primario de la economía, por ejemplo, la agricultura y la ganadería, que haya apoyos reales para quienes se dedican a estas actividades, sobre todo pequeños y medianos empresarios.
El lema del gobierno actual es “primero los pobres”, pero paradójicamente son quienes más han sufrido con las políticas económicas. El diario El País publicó recientemente que, según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, las personas con menores recursos destinan una fracción mayor de sus ingresos a comprar alimentos, por lo cual la inflación les afecta mucho más.
Sin embargo, todos estamos padeciendo los estragos de la inflación galopante. Sabemos que el fenómeno es mundial, pero el gobierno mexicano tiene la obligación de atender las causas y los efectos de ello. Queremos que la mejoría se refleje en nuestros bolsillos, no en los discursos de los políticos.
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