Linchamientos sociales y mediáticos

Antonio Gamboa Chabbán

En las últimas semanas, se ha desatado la difusión de videos en redes sociales que dan cuenta del grado de violencia que estamos viviendo, en la aplicación social de lo que se conoce como la ley del más fuerte, algo que se puede resumir en una cita bíblica… ojo por ojo y diente por diente.

Ya a estas alturas de la crisis generalizada que vivimos, una parte de nuestra sociedad se encuentra muy molesta y la manera natural en que rechaza una agresión, es realizando una defensa por propia mano, lo que al final del camino, entraña violencia, en algunos casos inclusive la comisión de delitos, de esta manera se generan así linchamientos sociales que van más allá de lo que las autoridades están en condiciones de contener, ya no hablemos de coordinar.

Ha resultado evidente ante la experiencia ciudadana, como las autoridades encargadas de brindar seguridad en las calles en todo el territorio y que son el primer contacto con la ciudadanía, se encuentran rebasadas.

La impunidad se ha presentado de la mano de las autoridades que, en sus candidaturas por conseguir el cargo, en sus campañas políticas ofrecen combatir los delitos en las calles, sea a nivel municipal, estatal o federal, la realidad es la que vivimos diariamente, es una realidad que está viendo operar a la delincuencia, ante la incapacidad de quienes prometieron resolver el problema.

Ante la comisión de delitos de diversa índole y saber que estos delitos no se persiguen ni se castigan o bien, cuando la experiencia de muchas personas es que todo se “arregla” al momento de integrarse la carpeta de investigación, unos delinquen atacando a sus víctimas y otros delinquen defendiéndose.

Las mujeres están hartas de la violencia en las calles, en los centros de trabajo, en el hogar, los menores son abusados, maltratados y por su parte, las personas que se trasladan a su trabajo, lo que menos buscan es que alguien se suba al transporte y les quite el dinero o el celular que llevan, con el riesgo de recibir una agresión mayor e inclusive, de perder la vida si el agresor se encuentra bajo los efectos de las drogas o su nivel de violencia es tal, que no le importa quitarle la vida a cualquiera que no siga sus instrucciones o aún siguiéndolas, decida irracionalmente agredir a sus víctimas, por lo que el delincuente coloca a sus víctimas en el momento y lugar equivocados.

El abuso de algunos en las calles y la insensibilidad de algunas autoridades ha sido de tal magnitud y durante tanto tiempo se ha presentado que ya no estamos dispuestos a tolerar que nos ataquen, ya no queremos que nos roben, estamos hartos de que la violencia sea la moneda de pago de las autoridades, que cuando se presentan en una candidatura prometen resolver todos los problemas que vive la sociedad y cuando se encuentran en el cargo, señalan todo tipo de excusas o peor aún, aseguran que ya todo está resuelto, cuando en realidad quienes vivimos diariamente en México, nos enfrentamos a los mismos problemas de siempre, hasta el momento, no ha habido capacidad de ofrecer soluciones reales.

El rechazo al abuso se identifica también en la escena política con servidores públicos que, aprovechando su condición de poder, generaron en su gestión una riqueza inexplicable y negocios en torno a familiares, amigos o compadres. En este supuesto se encuentra el caso de exgobernadores, quienes fueran Presidentes Municipales, muy probablemente Diputados, Senadores, en general autoridades inclusive de segundo o tercer nivel que han vulnerado en exceso, la confianza ciudadana.

Ahora está de moda el fenómeno del linchamiento público a “los adversarios”, lo cual ha sido una práctica desde hace muchos años de los políticos y autoridades en turno, sexenio tras sexenio se castiga ejemplarmente a quienes faltaron al “respeto”, a los que no se alinearon, quienes desafiaron la ley de la gravedad política y se convirtieron en personas no bien recibidas en la oficina del poder.

El resultado ha sido pobre y de corta memoria, tan solo unos meses, quizá años después del linchamiento mediático, las autoridades judiciales, regularmente de última instancia, determinan la libertad inmediata de quien fuera opositor o bien, de aquel corrupto intolerable ante los ojos del régimen que una vez que concluye su gestión, se convierte asimismo en no deseado ante los ojos del nuevo líder o grupo en el poder.

La defensa legal siempre encuentra errores que justifican la libertad, siempre hay un perdón o inclusive una disculpa pública, en algunas ocasiones de ser corruptos opositores en algún momento histórico, se han convertido en aliados estratégicos del poder en turno.

Esta historia no es nueva, simplemente cambian los actores, los rostros, los partidos políticos, los apellidos e inclusive de ser perseguidos en algunos casos se convierten en perseguidores o viceversa.

Al cabo de unos años, aquellos políticos corruptos que fueron buscados por la interpol en todo el mundo, que a final de cuentas fueron detenidos, juzgados y sentenciados con el mayor rigor mediático y judicial, dejan de ser útiles a los fines políticos y se trasladan en la historia a ser próceres de la verdad, representantes del pueblo, depende del momento, de las circunstancias, a veces buenos, a veces malos, simplemente son linchados mediáticamente, y judicialmente retenidos en un penal, para cumplir un objetivo personal e inmediato.

Lo verdaderamente deseable es que el Estado Mexicano haga respetar la ley no importando el turno del poder, porque hacer respetar la ley a un delincuente común, a uno de cuello blanco o a un político que abusó de sus circunstancias, debe ser examinado y en su caso sancionado por las autoridades competentes, sin linchamientos sociales, ni mediáticos, ni políticos y por supuesto, en todos los casos, sin gozar de privilegios.

La oportunidad histórica de las autoridades es hacer valer la ley no importando quiénes sean los transgresores, porque en el voto ciudadano se encuentra implícita la instrucción de hacer valer la Constitución y Leyes que de ella derivan, entre otros mandatos constitucionales, de lo contrario, se estaría negociando el Estado de Derecho o acaso, ¿debemos ser consultados para que se juzgue a narcotraficantes y delincuentes comunes? La respuesta es NO.

Antonio Horacio Gamboa Chabbán

Maestro en Derecho Político y Administración Pública