La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha emitido una advertencia sobre las consecuencias del ‘Plan C’ del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el cual propone una serie de reformas al Poder Judicial. Este paquete de reformas ha sido calificado como regresivo y potencialmente dañino para la estructura judicial del país.
El ‘Plan C’ incluye la modificación de 53 artículos constitucionales, lo que representa uno de los cambios más significativos en la historia legislativa de México. Entre las propuestas más destacadas está la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, y la elección popular de jueces y magistrados.
Impacto en la independencia judicial
Los investigadores de la UNAM, César Astudillo y Javier Reyes, advierten que estas reformas comprometen la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial. Reducir el número de ministros puede llevar a una sobrecarga de trabajo y retrasos en la resolución de casos, además de poner en riesgo la calidad de las decisiones judiciales.
“La elección popular de jueces y magistrados podría derivar en que los candidatos seleccionados carezcan de la experiencia y conocimiento técnico necesarios, favoreciendo en cambio a aquellos con conexiones políticas”, señaló Astudillo.
Concentración de poder
Uno de los principales argumentos en contra del ‘Plan C’ es la concentración de poder en la Presidencia. La reforma, según los críticos, busca desmantelar y capturar los poderes judiciales, comenzando por la SCJN. Esto representa una amenaza significativa a la separación de poderes, un pilar fundamental de la democracia mexicana.
Postura del Gobierno
El presidente López Obrador ha defendido estas reformas argumentando que buscan democratizar el Poder Judicial y eliminar la corrupción. Sin embargo, la comunidad académica y judicial ha expresado serias preocupaciones sobre los riesgos de politización y pérdida de independencia.
Javier Reyes, otro académico de la UNAM, considera que la reforma es "claramente negativa" y podría causar un retroceso en el sistema judicial mexicano. La propuesta de que los jueces y magistrados sean elegidos mediante voto popular podría desvirtuar la imparcialidad necesaria para estos cargos.
Futuro de las reformas
El gobierno de AMLO y sus aliados políticos en el Congreso de la Unión tienen como objetivo aprobar estas reformas en septiembre, antes del fin del mandato del presidente. La administración entrante, encabezada por Claudia Sheinbaum, también tendrá que lidiar con las implicaciones y la implementación de estas reformas.
Para contrarrestar los efectos negativos del ‘Plan C’, se han sugerido varias alternativas:
● Mantenimiento de la independencia judicial: Asegurar que las reformas no comprometan la independencia de la SCJN y otros tribunales.
● Elección basada en mérito: Establecer mecanismos para que la elección de jueces y magistrados sea basada en méritos y no en conexiones políticas.
● Revisión y consulta pública: Incluir una revisión exhaustiva y consultas públicas antes de aprobar cualquier cambio constitucional significativo.
El ‘Plan C’ de AMLO ha generado un debate profundo sobre el futuro del Poder Judicial en México. Mientras el gobierno busca avanzar con estas reformas, es crucial que se mantenga la independencia y la imparcialidad del sistema judicial.
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