Un tema muy recurrente últimamente tanto en medios, conversaciones diarias y obviamente en redes sociales, es la famosa Reforma Judicial, que busca, principalmente, que jueces, magistrados y ministros sean electos mediante el voto popular, además de eliminar del juicio de amparo una figura fundamental que es la suspensión provisional cuando éste se promueva contra leyes. (De esta última poco se ha hablado pues el gobierno en turno quiere que esto pase desapercibido para poder hacer y deshacer con la creación y modificación de leyes, sobre todo en materia de presupuesto para disponer de fondos y fideicomisos de manera inmediata).
Gran parte de los medios de comunicación, así como toda una serie de personajes en redes sociales se han encargado de promover la Reforma Judicial con argumentos falaces, convirtiendo al poder judicial en el enemigo en turno, responsabilizándolo de la evidente impunidad que existe en nuestro país, y ¿a quién más si no?, si seis años los enemigos fueron los gobiernos anteriores, pero otros seis años más no va a alcanzar ese argumento (si tan sólo leyéramos el libro “1984” de George Orwell veríamos que eso es un viejo instrumento de manipulación masiva).
Con lo anterior no estoy defendiendo al poder judicial ni diciendo que cumplen con sus funciones de una manera impecable, sin embargo, no son los únicos responsables de los altos índices de impunidad que existen en nuestro país, pues las fiscalías y las policías son quienes se han encargado de corromperse para dejar que ciertos grupos criminales grandes y pequeños trabajen a placer en determinadas zonas así como de realizar, ya sea por negligencia o corrupción, investigaciones deficientes así como de fabricar culpables a diestra y siniestra con tal de llegar a los resultados que les exigen los gobiernos en turno.
Sin embargo, los poderes judiciales la verdad es que no están ayudando mucho para revertir esta reforma, pues su argumento más recurrente es que con la reforma van a llegar a ser jueces, magistrados y ministros sólo aquellos que mejor se han sabido relacionar o bien los más populares, no obstante, ese argumento se queda sin fuerza e incluso es irrisorio pues en los juzgados, salas y en la misma corte tenemos a personas altamente incompetentes que lejos de proteger los derechos fundamentales se encargan de resolver a conveniencia, subsanando las deficiencias de los fiscales o en los peores casos siguiendo instrucciones de sus superiores. Sí, los asuntos que tienen línea sí existen y este es el momento perfecto de sacarlo a la luz.
Estas resoluciones le están pasando factura a los poderes judiciales y pues el día de pagarla cada vez se ve más cerca, pero esta reforma no es la panacea ni la respuesta mágica que todo México está esperando, lo que verdaderamente se tiene que reformar para que México se acerque un poco más al país social, democrático y de derecho que tendría que ser, está en obligar a las autoridades a promover, respetar y garantizar los derechos humanos, para que la justicia deje de ser una herramienta política o de venganza como ocurrió con el caso del Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero quien le pidió a la ex Fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, que “reabriera una investigación” ya archivada para meter a la cárcel a su cuñada Alejandra. (Por cierto, después Ernestina Godoy fue sustituida por Ulises Lara, quien adquirió su título de licenciado en Derecho en un día).
Es decir, no sólo el poder judicial es responsable de la impunidad, las Fiscalías y Policías son el verdadero origen de este cáncer, a ellos también se les debe reestructurar y obligarles a respetar los derechos humanos desde la raíz, por ejemplo, la reforma que deberíamos estar exigiendo es que la constitución obligue a los policías a grabar todas las detenciones que realicen, y que aquellas que no sean videograbadas sean consideradas en automático como ilegales, pues son estos momentos en donde toda la impunidad se origina al fabricar culpables, lo que afecta por igual a víctimas e imputados, pues se castiga a inocentes y a la víctima jamás se le dice quién realmente cometió el delito. (Por ejemplo, el caso Colosio y Paco Stanley).
Domingo Alanís
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